Niños del Corralito en Oxchuc, Chiapas exigen regresar a clases tras ataque armado a su escuela

Por Ricardo López 

Desde el pasado 26 de agosto, cientos de alumnos de la localidad de El Corralito en el municipio de Oxchuc, Chiapas no están recibiendo clases. Esta situación se debe a que grupos armados pertenecientes a diversas organizaciones han intimidado a los maestros y padres de familia para bloquear las instituciones, y además de haber perpetrado una balacera en una de sus instalaciones, por lo que niños y niñas han alzado la voz y exigen junto a su padres seguridad para regresar a las aulas.

Fue la  Escuela Primaria Fray Bartolomé de Las Casas la que sufrió el ataque con armas de grueso calibre, esto cuando padres de familia sostenían una junta en fechas pasadas. Las balas impactaron en el techo del domo, en los cristales de las ventanas y en las paredes de los salones, indicó el Agente Auxiliar Municipal, Gustavo López Méndez, junto a integrantes del Comité de Educación.

Afortunadamente, señalaron que en ese momento no habían estudiantes y nadie de los presentes salió herido, sin embargo, este tipo de atropellos fueron condenados por la comunidad y por ello exigen la intervención del Gobierno de Chiapas a través de la FGE para documentar los hechos y garantizar la paz y la seguridad.  Asimismo, pidieron la intervención de la Secretaría de Educación Pública para verificar la situación por la que atraviesa la primaria, la secundaria y el Cobach en la localidad.

En este sentido, responsabilizaron del ataque armado a: Eliseo Gómez Santiz, Carlos Gómez Santiz, Rosendo Gómez Sánchez, Moisés Gómez Santiz, José Santiz Gómez, Celestino Santiz Gómez, Elias Santiz López, Alfredo Gómez López, Geremias López Santiz, Ovidio López Gómez, Javier Santiz López, integrantes de la Organización “Sentimientos de la Nación”, así como integrantes de la ORCAO y COMACH, quienes son presuntamente liderados por la exdiputada local, Cecilia López Sánchez y del abogado comunitario, Juan Gabriel López Méndez.

Esta situación deriva de no estar de acuerdo con ellos en sus acciones de bloqueos de carreteras y boteos para exigir apoyos sociales, por lo que en represalia los expulsaron de la comunidad (junto a sus hijos)  por no congeniar con sus ideas, dejando a los niños y niñas sin derecho a la educación, ante lo cual solicitaron a las autoridades federales y estatales intervenir y atender las diferencias sociales que imperan en la región y sobre todo no seguir afectado a la niñez y su derecho a la educación.