Expresidenta argentina Fernández apela su condena ante Corte Suprema

La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kircher (2007-2015) apeló este lunes ante la Corte Suprema su condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta.

"Hace media hora nuestros abogados presentaron recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación", informó la dirigente peronista en las redes sociales.

Fernández cuestionó al máximo tribunal penal del país, la Cámara Federal de Casación, por haber rechazado un recurso extraordinario que presentó ante la confirmación de la condena que recibió en primera instancia en noviembre de 2022 por irregularidades en la concesión de obras viales en la provincia de Santa Cruz (sur).

Aquel fallo consideró responsable a Fernández de favorecer de manera discrecional a un empresario local también condenado, Lázaro Báez, en el reparto de las obras viales que se ejecutaron durante sus dos mandatos y durante la gestión del fallecido Néstor Kirchner (2003-2007).

Según Fernández, Casación no respondió sobre "las violaciones a los derechos y garantías constitucionales planteadas" ni contestó respecto a "la arbitrariedad manifiesta de sentencia, la refutación concreta y razonada que se hizo de cada uno de los "fundamentos' dibujados en las instancias previas".

"Cristina nunca tiene miedo" de ir presa, señaló su abogado Carlos Beraldi durante una rueda de prensa en la sede del Partido Justicialista, al dar a conocer la decisión de recurrir al máximo tribunal del país.

Según el letrado, "este proceso existe no porque haya cometido un delito, sino, justamente, porque ha hecho muchas reformas que hay gente no le perdona".

En caso de que el máximo tribunal del país llegue a ratificar la condena de Casación, Fernández podría recibir el beneficio de la prisión domiciliaria, ya que tiene más de 70 años.

Pero la Corte Suprema no tiene plazos para definirse en este proceso, por lo que la expresidenta podría incluso aspirar a un cargo en las elecciones legislativas de 2025, caso en que accedería a los fueros parlamentarios de los que gozan los legisladores.

El Ejecutivo envió el 15 de abril de 2024 los pliegos del juez Ariel Lijo y el abogado Manuel García-Mansilla para ocupar los dos cargos vacantes que había en la Corte Suprema, que debe estar compuesta por cinco integrantes.

Sin haber logrado desde entonces un acuerdo en el Senado para que tratase ambas postulaciones, y a tres días de inaugurar el período de sesiones ordinarias del Congreso, Javier Milei, presidente de Argentina recurrió a finales de febrero a un mecanismo de excepción y aprovechó que la cámara alta estaba en receso para designarlos como magistrados de la Corte Suprema en comisión.

El Senado, donde el peronismo se erige como la primera fuerza, podría rechazar este jueves, al sumar dos tercios de los votos, la designación del juez que ya se constituyó como ministro de la Corte Suprema, y del otro postulante.