REDIM condena revictimización de adolescente acusado del asesinato de Carlos Manzo en Michoacán

La Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) expresó su consternación por el homicidio del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo y por la confirmación de que el presunto responsable del crimen es un adolescente de 17 años. La organización advirtió que este hecho refleja la crisis de violencia y abandono que viven miles de niñas, niños y adolescentes en el país.

REDIM señaló que el uso de menores de edad por parte del crimen organizado es una consecuencia directa de la falta de políticas públicas efectivas de prevención y atención. Estimó que hasta 250 mil niñas, niños y adolescentes en México podrían estar en riesgo de ser reclutados o utilizados por grupos delictivos, siendo Michoacán uno de los estados con mayor vulnerabilidad.

La red recordó que, conforme a los estándares internacionales, las y los adolescentes involucrados en delitos deben ser tratados como víctimas de la violencia estructural que los rodea. Subrayó que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar sus derechos a la educación, la seguridad y el desarrollo pleno, y no de criminalizarlos.

REDIM también condenó la difusión del nombre, imagen e información personal del joven presuntamente implicado, tanto por medios de comunicación como por la Fiscalía de Michoacán. Consideró que esta acción viola la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y vulnera los principios de confidencialidad y justicia para adolescentes.

La organización advirtió que la exposición pública del menor constituye un acto de revictimización y fomenta la estigmatización social, obstaculizando cualquier posibilidad de reintegración o atención integral. Reiteró que los derechos y la dignidad de la infancia no deben ser objeto de sensacionalismo ni nota roja. 

Finalmente, REDIM hizo un llamado urgente a las autoridades, medios y sociedad para reconocer la corresponsabilidad frente al reclutamiento infantil, evitar su criminalización y avanzar en la tipificación del delito de reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes. La organización insistió en que la justicia debe centrarse en desmantelar las redes criminales que los utilizan, no en castigar a las víctimas.