Ya no podrán negar renta de viviendas con bebés y mascotas en la CDMX

Hoy entró en vigor en la Ciudad de México la reforma a la Ley de Vivienda que prohíbe negar la adquisición o renta de un inmueble por tener menores de edad o mascotas, luego de que ayer se publicara oficialmente en la Gaceta Oficial. La modificación, que cambia el artículo 4 de la ley, busca garantizar un acceso más inclusivo a la vivienda.

Antes de esta reforma, la ley ya prohibía negar el acceso a la vivienda por motivos como condición económica, origen étnico, apariencia física, color de piel, lengua, género, edad, discapacidad o condición social. También se incluían la salud, embarazo, religión, opiniones, preferencia u orientación sexual, identidad y expresión de género, características sexuales, estado civil y creencias políticas.

Con el cambio reciente, se agrega específicamente la protección frente a la “cohabitación con infancias y seres sintientes”, asegurando que propietarios e inmobiliarias no puedan rechazar solicitudes de vivienda por estos motivos.

La iniciativa para modificar el artículo 4 fue aprobada en agosto por el pleno del Congreso capitalino, tras ser presentada por la Comisión de Vivienda. Durante la discusión, la diputada petista Diana Barragán Sánchez destacó que alrededor del 40 por ciento del abandono de animales se relaciona con restricciones en los inmuebles, mientras que el 25 por ciento de las quejas recibidas por el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México están vinculadas a discriminación por la presencia de infancias o mascotas.

Con esta reforma, se busca garantizar un acceso más inclusivo a la vivienda en la Ciudad de México, evitando que familias con menores de edad o animales enfrenten obstáculos para arrendar o comprar un inmueble. La medida se suma a otros esfuerzos legislativos para ampliar los derechos de los habitantes y fomentar la igualdad de oportunidades en el sector inmobiliario. 

A partir de hoy arrendadores, inmobiliarias y propietarios estarían obligados a actualizar sus políticas internas para cumplir con la ley y así evitar sanciones. Expertos en derechos humanos consideran que este cambio representa un avance significativo en inclusión y equidad social en la capital del país.