Tribunal Constitucional de Perú suspende investigaciones judiciales contra Boluarte

El Tribunal Constitucional de Perú (TC) resolvió este martes suspender todas las investigaciones judiciales abiertas contra la presidenta, Dina Boluarte, por diversos presuntos delitos cometidos durante su mandato.

"El Tribunal Constitucional ha resuelto (...) suspender las investigaciones en materia del presente proceso constitucional, iniciadas contra el actual titular de la Presidencia de la República en ejercicio", indicó el TC a través de un fallo hecho público por diversos medios locales.

En mayo de 2024, el Ejecutivo presentó una demanda competencial ante el TC contra el Ministerio Público y el Poder Judicial por las investigaciones abiertas contra la mandataria.

En la demanda, el Ejecutivo alegó que el Ministerio Público y el Poder Judicial estaban excediéndose en sus competencias al violar el artículo 117 de la Constitución.

Dicho artículo establece que el presidente "sólo puede ser acusado, durante su período, por traición a la Patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral".

El Ministerio Público y el Poder Judicial alegan que al investigar a Boluarte no están vulnerando dicho artículo, pues éste precisa que el presidente no puede ser "acusado", pero no afirma que no puede ser "investigado", no sólo por los delitos que se consignan, sino por cualquier otro más.

El fallo del TC ha resuelto que, en una correcta interpretación del artículo 117, el Ministerio Público y el Poder Judicial no tienen competencias para iniciar procesos judiciales contra un mandatario durante el ejercicio de sus funciones.

Sin embargo, el fallo afirma que "las investigaciones suspendidas (contra Boluarte) continuarán con su trámite al concluir el ejercicio del cargo presidencial", es decir que todo lo que ha avanzado en las investigaciones hasta el momento se retomará cuando la mandataria deje el poder.

El Ministerio Público investiga a la jefa de Estado por su presunta responsabilidad en la muerte de 49 civiles en enfrentamientos contra las fuerzas del orden durante las protestas ciudadanas contra su gobierno, ocurridas entre diciembre de 2022 y febrero de 2023.

Asimismo, la investiga por el presunto delito de enriquecimiento ilícito al poseer relojes y joyas de lujo, y por el presunto delito de abandono indebido del cargo al someterse a cirugías estéticas en el rostro.

La presidenta también es investigada por el presunto delito de encubrimiento ilícito en favor de su hermano Nicanor Boluarte, quien presuntamente usó recursos públicos para la conformación de un partido político.