Suman nueve mujeres con cargos públicos asesinadas en Oaxaca durante gestión de Salomón Jara

El asesinato de Nazareth Cortés Velasco, presidenta del Comisariado Ejidal de San Pedro Totolápam, elevó a nueve el número de mujeres con cargos públicos que han sido víctimas de homicidio durante la actual administración estatal en Oaxaca, según informó la organización Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad.

De acuerdo con la agrupación, estos hechos se han registrado en el periodo del gobierno de Salomón Jara Cruz, en medio de un contexto de violencia contra mujeres que participan activamente en la vida política y comunitaria.

El crimen ocurrió la madrugada del 19 de marzo y fue condenado por la Red de Mujeres Ejidatarias y Comuneras de Oaxaca, que destacó la labor de la víctima en la defensa de los derechos agrarios y del territorio.

También fueron asesinadas por sujetos armados Guadalupe Urban Ceballos, regidora de Parques y Jardines del ayuntamiento de San Juan Cacahuatepec; Lilia Gemma García Soto, presidenta municipal de San Mateo Piñas; Hanna Alí Rosales, regidora de turismo del ayuntamiento de Huajuapan de León; y Reyna Olea Nieva, regidora del ayuntamiento de San Mateo Nejápam.

Así como Janet Ramírez González, policía de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Oaxaca; Fabiola A. A., policía municipal de Santo Domingo Petapa; Hortensia Felipe Santiago, regidora suplente de Educación del municipio de San Agustín Loxicha; y Heidi Candelaria Lagunes, regidora de Comercio del ayuntamiento de San Pedro Tapanatepec.

En paralelo, organizaciones del Foro en Defensa del Territorio y la Propiedad Social reportaron que entre octubre de 2024 y octubre de 2025 se documentaron 34 asesinatos de personas defensoras en el país, además de cuatro desapariciones, ubicando a Oaxaca como la entidad con más casos.

Ante este panorama, colectivos exigieron a autoridades estatales y federales una investigación con perspectiva de género, así como medidas de protección para mujeres en cargos ejidales y garantías de seguridad para quienes defienden la tierra y el territorio, al considerar que enfrentan altos niveles de riesgo.