Protestan trabajadores del INAI pidiendo liquidación justa ante extinción

El Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información de México (Inai) mantuvo protestas de trabajadores ante la incertidumbre de al menos 800 trabajadores tras la reforma la Constitución que extingue siete órganos autónomos del Estado, con la mayoría calificada requerida de dos terceras de votos formada por Morena. 

Los trabajadores realizaron diversas protestas en la Avenida de los Insurgentes para exigir el pago de una liquidación ante la inminente extinción del órgano garante.

El INAI, creado en 2002 para garantizar la transparencia de las instituciones públicas, es una de las siete entidades autónomas del Estado que serán abolidas este año, por una reforma a la Constitución mexicana, impulsada por el Gobierno y la bancada oficialista en el Congreso, aprobada en noviembre del año pasado 2024.

Las atribuciones de esa institución pasarán a estar a cargo de una nueva Secretaría Anticorrupción del Gobierno, como una cartera del Ejecutivo federal de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El pasado 22 de noviembre, el Pleno de la Cámara de Diputados de México aprobó el jueves un dictamen que "Con 332 votos a favor y 119 en contra, la Cámara de Diputados avala, en lo general y en lo particular, reforma en materia de simplificación orgánica. Pasa al Senado", anunció la Cámara baja en su cuenta oficial de la red social X.

La reforma plantea la extinción de diversos organismos y la redistribución de sus funciones en el Ejecutivo federal.

El dictamen deroga las disposiciones relativas al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que data de 2002, y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval, 2004).

También elimina las siguientes entidades autónomas: Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), creada en 1992; la Comisión Reguladora de Energía (CRE, 1993); la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH, 2008); el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT, 2013); la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu, 2019).

Los ahorros por la extinción de estos entes públicos serán destinados al Fondo de Pensiones para el Bienestar, que son parte de la política de asistencia social del Gobierno federal.

Según el dictamen, al eliminar como entidad autónoma al IFT, su función se ejercerá, "a través de la dependencia encargada de elaborar y conducir las políticas de telecomunicaciones y radiodifusión", en el ámbito del Poder Ejecutivo.

La reforma constitucional impulsada por la bancada oficialista establece que el Gobierno garantizará "el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet".

La información que se refiere a la vida privada y los datos personales "estará protegida por los sujetos obligados, que contarán con facultades suficientes para su atención", según el texto aprobado.

Adrián Alcalá, comisionado presidente del INAI, lamentó la extinción de este órgano autónomo, a 22 años de su fundación.

"Hoy es un día triste para la democracia, porque el INAI ha sido, más allá de la utilidad social que tiene, un pilar para la democracia mexicana, ha fortalecido y permitido que las personas conozcan información pública para a partir de ello realizar un ejercicio de rendición de cuentas ciudadana", dijo Alcalá a medios locales.

El Congreso tenia un plazo de noventa días naturales -a partir de la entrada en vigor del decreto- para adecuar las leyes que correspondan para darle cumplimiento a la eliminación de esas instituciones del Estado.

El Poder Ejecutivo deberá emitir los decretos de extinción correspondientes, indica el decreto.

Los entes autónomos, colegiados, especializados y profesionales serán reemplazados por estructuras centralizadas, que el líder opositor estima serán "proclives al sectarismo y al alineamiento político-electoral".

Los organismos costaban al erario el equivalente a unos 1.600 millones de dólares.

Los cambios son parte de un paquete de 20 reformas a la Constitución promovidas al final del mandato del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), con apoyo de su sucesora y correligionaria, Claudia Sheinbaum.