México se mantiene como el país con más casos de acciones urgentes por desapariciones

El Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED) reveló su informe más reciente sobre las solicitudes de acción urgente, en el que advierte una profunda crisis de derechos humanos en México. Tan solo entre el 1 de marzo y el 16 de septiembre de 2025, se registraron 51 acciones urgentes para exigir la búsqueda inmediata de personas desaparecidas.

El documento destaca que la mayoría de los casos se concentran en tres estados: Baja California, que acumula el 58 por ciento de las desapariciones con 29 expedientes; Jalisco, con 10 por ciento equivalente a cinco casos; y Guanajuato, con el 8 por ciento y cuatro registros. El patrón de violencia muestra que la problemática se ha intensificado en el norte del país, pero también afecta regiones con fuerte presencia del crimen organizado y fallas estructurales en las instituciones.

Según los perfiles de las víctimas, el 78 por ciento son hombres y el 22 por ciento mujeres, incluyendo menores de edad, personas con discapacidad y defensores de derechos humanos. El Comité alertó que la desaparición forzada no solo impacta a quienes son sustraídos, sino que afecta gravemente a sus familias y comunidades, que quedan en un estado permanente de incertidumbre y riesgo.

El informe también señala posibles responsabilidades del Estado. En entidades como Jalisco y Guanajuato se documentaron casos en los que personas fueron privadas de la libertad por individuos identificados como agentes estatales o que portaban uniformes oficiales, con señalamientos de colusión con estructuras criminales.

Uno de los casos más alarmantes ocurrió en Irapuato, Guanajuato, donde un defensor de derechos humanos que buscaba a su hijo fue desaparecido en su propio domicilio. Durante el ataque, otro de sus hijos fue asesinado, lo que evidencia el nivel de violencia y la falta de protección para quienes realizan labores de búsqueda.

Finalmente, el Comité advirtió sobre graves omisiones en los procesos de búsqueda oficiales. Señaló que la fiscalía continúa sin cumplir los protocolos establecidos y lamentó que las acciones se limiten a la mera “verificación de documentos”, sin desplegar esfuerzos reales y efectivos que permitan localizar a las personas desaparecidas.