Avalan ley de investigación e inteligencia en Seguridad Pública. Esto sabemos

La Cámara de Diputados de México aprobó este jueves la nueva ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Seguridad Pública promovida por el oficialismo, después de más de 20 horas de discusión.

"Quedó aprobado, en lo general y en lo particular, con 324 votos a favor, 117 en contra y cero abstenciones, el dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la

Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública", informó la Cámara Baja en un comunicado.

La legislación aprobada autoriza al Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, "consultar, acceder, procesar, sistematizar, analizar y utilizar todos los datos personales", según su artículo 12.

Asimismo, se crea la plataforma central de inteligencia que tendrá como propósito "sistematizar e interconectar los datos personales", en posesión de instituciones públicas y entes privados, indica el artículo 36.

Por el Movimiento de Regeneración Nacional, la diputada Sandra Anaya Villegas sostuvo en la tribuna que la ley va a ayudar a "prevenir y combatir los delitos; se dan las herramientas necesarias al secretario de Seguridad Pública para que pueda actuar en la defensa de todos los mexicanos y un marco jurídico".

Mencionó también que las nuevas tecnologías se van a utilizar para que no se violenten los derechos humanos de las personas.

"Hoy queremos garantizarles a todos los mexicanos que la inteligencia será utilizada a favor de la seguridad y la paz, no en contra de la democracia", puntualizó en su intervención, muestra un resumen del debate difundido por el Palacio Legislativo.

Por parte del Partido Acción Nacional, la legisladora Elena Pérez-Jaén calificó como "un desaseo" aprobar la nueva ley.

"Más que de investigación e inteligencia es el mecanismo legal para justificar el espionaje; todas y todos seremos espiados; se busca imponer un régimen totalitario que nos quiere controlar. La ley es una amenaza al derecho a la privacidad e intimidad", expresó en su alocución la diputada opositora.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Partido del Trabajo, integrante de la coalición gobernante, argumentó que el nuevo sistema de investigación dotará de instrumentos de inteligencia necesarios para perseguir a los criminales.

"Es indispensable emplear todos los recursos tecnológicos, por eso todas las bases de datos tienen que estar interconectadas" para dotar al Gobierno de herramientas para combatir la delincuencia", expresó durante el prolongado debate.

Por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el legislador Emilio Lara Calderón sostuvo que la nueva ley construye una vigilancia máxima que violaría los artículos 6 y 16 de la Constitución, al ejercer un control absoluto sin filtros judiciales, sin contrapesos ni transparencia.

"Se busca clasificar de manera indefinida el espionaje, con la excusa de que es un asunto de seguridad nacional", esgrimió, al tiempo que calificó el mecanismo de "perverso", porque pretende interconectar la base de datos de todos los niveles de gobierno y entes privados.

"La seguridad nacional no se defiende borrando las garantías individuales y no se combate el crimen sembrando terror desde el Estado a los ciudadanos (…) es la construcción de un Estado autoritario", subrayó.

El opositor Juan Ignacio Zavala, líder del Movimiento Ciudadano, afirmó en cambio que el dictamen resuelve una deuda en seguridad y la investigación de delitos.

"La inteligencia permite focalizar a los policías, aumentar la presencia de elementos donde hay mayor incidencia delictiva y establecer listas de delitos en determinados territorios de tolerancia cero", expresó al apoyar el dictamen propuesto.

La diputada de Morena, Leide Avilés, aseguró que la reforma fortalece la estrategia de seguridad gubernamental al "incluir la inteligencia, coordinación y justicia, que atiende las causas estructurales de la violencia".

Antonio Borboa, diputado del PAN, replicó que la nueva legislación representa "una ilegalidad contra la privacidad y viola las garantías individuales de la ciudadanía".

Los promotores de la ley argumentaron que el Gobierno necesita de un sistema de inteligencia robusto para identificar amenazas, trazar patrones delictivos y actuar con la fuerza de la inteligencia.

La ley es parte de un paquete de 12 reformas impulsadas por el oficialismo, relacionadas con seguridad pública y desaparición forzada de personas, entre otros temas, para lo cual fue convocado un periodo extraordinario de sesiones durante el receso legislativo del verano boreal.